El 27 de marzo de 2022 los uruguayos irán obligatoriamente a votar. Esto es parte de la práctica de la gimnasia democrática en acción.
Ese día se cumplirá con uno de esos ejercicios: una elección con todas la garantías de seguridad y confiabilidad dentro del marco democrático y de derechos que respalda la Constitución y la Ley.
Antes de ese acto hubo un calentamiento previo. Entiéndase calentamiento en el sentido que quieran ustedes darle.
Marchas, declaraciones, debates, insultos, grescas, opiniones, argumentos, verdades a medias, medias mentiras, imaginería, datos verdaderos y otros falsos, autos con banderitas por una u otra posición, adjetivaciones inconvenientes, denuncias…
El domingo y en orden todos cumplirán el mandato ciudadano.
Aquí es en donde me asalta una duda: ¿la obligatoriedad es necesariamente lo mejor?
¿Qué es lo que se vota?
Las encuestas hablan de un porcentaje importante de uruguayos que no lo tiene claro. Algunos ciudadanos solo declaran saber un titular: derogar la LUC. Primer error flagrante ya que no se vota para derogar la LUC (Ley de Urgente Consideración) sino solo, y son muchos, 135 artículos de los más de 450 presentados, votados y aprobados por mayoría en el Parlamento allá por el ya lejano julio de 2020.
¿Cómo se llegó a esta instancia?
Uruguay tiene un Parlamento formado por representantes de todos los partidos que lograron suficiente cantidad de votos para estar allí. También tiene partidos políticos actuando en libertad y dentro de los márgenes legales. Hay gremios y sindicatos actuando a la par.
¿Entonces?
Un grupo de ciudadanos, haciendo uso de unos de los mecanismos de consulta democráticos, junta firmas para derogar 135 artículos de la extensa ley ya discutida y votada por los parlamentarios. Llegan a las firmas necesarias y se pone en marcha el siguiente paso para realizar un referéndum. Este es un instrumento por el cual la ciudadanía puede votar en contra de una ley aprobada en el Parlamento.
El caso es que hay gente, mucha gente, cuyos desvelos están orientados hacia otra parte de la política en su aspecto más amplio. Personas de todas las edades que tratan de mantener sus hogares, de procurar comida, techo y salud para sí y para los suyos. Ciudadanos que han votado a esos otros ciudadanos que trabajan en el gobierno del país: los políticos. Esos políticos que estudiaron la Ley de Urgente Consideración y votaron.
Por qué entonces meter en este brete confuso al ciudadano a quien desvelan problemas variados que no siempre tienen relación con lo dispuesto en esos 135 artículos que se pretende derogar o no derogar.
Uruguay este 27 de marzo de 2022 embarca a todos los ciudadanos en decir Sí o NO a algo de lo que muchos no están claramente enterados, o nada enterados, o creyendo que votan por asuntos que ni siquiera aparecen en esos 135 artículos impugnados.
¿Pudo ser resuelto por aquellos que están en la actividad política nacional de una forma más creativa dentro de las posibilidades brindadas por las leyes?
Si bien todos los mecanismos de consulta popular son un saludable ejercicio de la democracia, me quedan preguntas y dudas latiendo en cada una de estas oportunidades. Y la mayoría refieren a la educación y la formación con la que los ciudadanos enfrentan cada instancia. Entonces: ¿estas instancias han de ser obligatorias?
Este puede ser un punto a debatir en el futuro.
Por otro lado, el costo.
Según el ministro de la Corte Electoral José Korzeniak: “Unos 93 millones de pesos, que incluyen desde la asistencia técnica para la transmisión de resultados, la asistencia para la comisión receptora de votos, la transmisión de datos, más los viáticos de los funcionarios que se trasladan y toda la organización logística de la elección”.
Estas clases de gimnasia también le salen caras al país, y por cierto a los contribuyentes, en este mundo ya suficientemente agobiado por incertidumbres políticas y económicas.
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